En medio de un panorama laboral complejo, el becario postdoctoral en Santiago del Estero y coordinador del grupo de Estudios del Trabajo en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES, CONICET-UNSE), Lucas Torres, ofrece una perspectiva detallada sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones que se enmarcan en la problemática del trabajo informal en la región y el país.

A través de exhaustivos estudios, analiza la “compleja dinámica” que rodea al empleo en términos de su legislación y cuáles son las implicancias que esta situación supone para los trabajadores y las trabajadoras del sistema científico-tecnológico y de otros ámbitos institucionales, tanto privados como públicos.

El trabajo informal -según diversos organismos nacionales e internacionales, y en consideración de las leyes laborales vigentes en Argentina-, abarca a todas aquellas actividades económicas llevadas a cabo por personas y por unidades económicas que carecen, parcial o completamente, de cobertura adecuada por parte de sistemas formales. ¿Esto qué implica? Entre otros perjuicios, la privación a trabajadores y trabajadoras de acceder a derechos fundamentales relacionados con aportes jubilatorios, coberturas de salud, pagos de aguinaldo y licencias por vacaciones o casos de enfermedad.

"La informalidad es una dimensión de un problema aún mucho más grave: el de la precariedad laboral. Y si bien un trabajador o una trabajadora puede estar registrado y disponer de protección laboral (por ejemplo, al recibir aportes para una obra social), las condiciones pueden no ser las adecuadas, y es lo que mayormente ocurre", detalló Torres en una en una entrevista con el portal Conicet NOA Sur.

Este panorama se ve reflejado en jornadas de trabajo extenuantes que exceden las ocho horas diarias, así como en el pago de sueldos que están por debajo de los acuerdos sectoriales o, lo que es todavía más grave, que no son declarados; en ámbitos que no aseguran condiciones de salud y seguridad apropiadas; en la incertidumbre en torno a una continuidad laboral permanente; en la ausencia de oportunidades de capacitación y especialización; y en el limitado acceso a la protección social, entre otras dificultades detectadas.

Trabajos precarizados: formales e informales

Es crucial destacar que en los últimos años no aumentó la informalidad laboral. De hecho, diversos comunicados de consultoras, tanto públicas como privadas, evidencian un incremento en la cantidad de empleo formal, especialmente en el sector privado. Sin embargo, Torres aclara que resulta necesario abordar estos datos con escepticismo, ya que el aumento del empleo formal conlleva detrás, en muchos casos, una mayor precarización laboral. Para comprender mejor esta mirada, el especialista explica que en la órbita de los formales está el empleo asalariado, es decir, con un empleador reconocido que cumple con la registración de su personal a cargo. Eso, por un lado, pero por otro está además el trabajo autónomo, como ocurre con los monotributistas, que pueden ser cuentapropistas y/o profesionales.

“Respecto a contratos temporales, becas y pasantías –con similitudes entre sí, ya que caducan en un tiempo determinado-, el empleador no está obligado a brindar las prestaciones que la ley estipula, dejando la responsabilidad, en gran medida, en manos del trabajador o trabajadora, que debe hacerse cargo de aspectos como el pago del monotributo, de los aportes previsionales y de la cobertura de una obra social”, explica el becario.

Por otro lado, en la actualidad se observa el surgimiento de nuevas formas de trabajo informal, tales como los que ofrecen las plataformas de Uber para el traslado personal o de servicios de delivery: “Son parte de una categoría de empleo informal al no estar contemplados en la legislación laboral; es decir, donde los empleados y las empleadas carecen de la protección legal que brinda la Ley de Contrato de Trabajo y se enfrentan a una serie de desafíos, como la falta de claridad sobre quién es su empleador y la incapacidad para que les fijen un salario”, señala Torres. A esta realidad se suma la dificultad de organizarse colectivamente, ya que son considerados trabajadores individuales que -como requisito obligatorio- deben ser monotributistas, lo que limita ostensiblemente la capacidad de reclamo y mejora de sus derechos laborales.

“Otro ejemplo claro es el del servicio doméstico, donde se registran niveles de informalidad cercanos al 80% a nivel nacional”, señala el experto, y agrega que este sector, altamente feminizado, suscita una todavía mayor precariedad laboral con niveles de informalidad que alcanzan casi el 100 por ciento en provincias como la de Santiago del Estero. Un ejemplo claro de ello es lo que sucede con el personal que se desempeña en casas particulares, con una tasa de no registración considerable; lo que da cuenta, a grandes rasgos, de una desprotección legal por lo menos preocupante.

Causas y consecuencias

De acuerdo con estudios del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSAUCA, UCA), los niveles de informalidad laboral tienden a ser más elevados en personas con grados de escolarización más bajos. “Este fenómeno –desliza Torres- afecta específicamente a trabajadores y trabajadoras de los sectores populares y más vulnerables de la sociedad”. Asimismo, en el análisis del ODSAUCA se destacan otras dimensiones como la subocupación horaria y el pluriempleo, que revelan que hay personas que a pesar de tener empleo no logran satisfacer sus necesidades básicas debido a que no llegan a percibir el salario Mínimo, Vital y Móvil.

Paralelamente, la brecha de género se presenta como una realidad negativa que se visibiliza en distintos ámbitos laborales, y que se materializa en términos de remuneraciones.

Esto se traduce en que las mujeres perciben un salario un 25% menor al de los varones por cumplir las mismas tareas. Además, Torres señala que acceden en mayor proporción a trabajos informales y precarios, lo que contribuye a aumentar esa distinción de género. “Conceptos como el ‘techo de cristal’ -que representa un techo transparente pero real y existente- ilustra la dificultad que las mujeres tienen para adquirir cargos superiores en empresas e instituciones gubernamentales, debido a la masculinización de estos espacios; al igual que el que se conoce como ‘piso pegajoso’, que hace referencia a la menor capacidad en la movilidad ascendente de las mujeres en sus trayectorias laborales, especialmente en aquellas con niveles educativos más bajos y empleos informales”, agrega el especialista.

Por otro lado, los jóvenes también se enfrentan a dificultades laborales significativas, especialmente en términos de informalidad. A diferencia de adultos de más de 40 años, que tienden a acceder a posiciones de mayor jerarquía con mejores salarios, las personas de menor edad suelen conseguir trabajos más informales y precarios, en puestos mal remunerados y con beneficios laborales acotados. “Todas estas disparidades –reflexiona Torres- no hacen más que perpetuar la desigualdad y la exclusión social, con repercusiones en el bienestar individual, en la economía y en la sociedad en su conjunto al obstaculizar el desarrollo de un mercado laboral inclusivo y equitativo”.

A la vez, es importante señalar que la informalidad en el trabajo puede ser impulsada por las condiciones macroeconómicas del país, la flexibilización del empleo formal, la falta de claridad en las regulaciones laborales, la debilidad en los sistemas de inspección, así como la ausencia de beneficios sociales; y por otras causas, como la discriminación en el mercado laboral y la profundización estructural de la pobreza. Además, existe una la distinción entre el trabajo urbano y rural, donde la informalidad laboral impacta de manera diferente, afectando diversas formas de empleo migrante, estacional o permanente.

Perjuicios en la economía

El empleo informal y precarizado afecta a todos los sectores económicos. En el caso del de orden primario, que involucra actividades en la agricultura como la extracción de materias primas, en términos de la contratación informal de trabajadores temporales, conocidos como trabajadores golondrina; en el secundario, que abarca la transformación de materias primas en productos manufacturados, se identifican situaciones laborales de precarización en fábricas, talleres informales y en la construcción, exponiendo a los trabajadores a riesgos laborales y la falta de protección social. En el sector terciario, que comprende servicios como el comercio callejero, las ferias, el trabajo doméstico y el transporte informal, la falta de regulación y de protección formal contribuye a la inestabilidad laboral de los trabajadores.

Hacia un futuro laboral inclusivo

A pesar de la complejidad del problema, Torres sostiene que existen posibles soluciones con base en el conocimiento científico para reducir la informalidad laboral y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados informales. Estas pueden enfocarse en fortalecer la presencia del Estado con políticas públicas orientadas a la protección integral de los trabajadores, y abarcan desde la garantía de un salario mínimo digno hasta la implementación de medidas para salvaguardar sus derechos laborales. “En un contexto donde se debate sobre reformas laborales que podrían dejar decisiones cruciales en manos del mercado y los empleadores, es sustancial impulsar un Estado más presente”, cree el becario.

La investigación producida por las Ciencias Sociales puede proporcionar valiosos insumos y recursos para la elaboración de políticas efectivas y equitativas. En este sentido, es fundamental revalorizar y visibilizar a los trabajadores que están excluidos de los beneficios básicos en sus lugares de trabajo. Según la perspectiva de Torres, una forma de lograrlo es promoviendo iniciativas relacionadas con talleres formativos, colaboraciones basadas en el conocimiento científico y la asistencia para la organización de cooperativas de trabajo.

Fuente: https://noasur.conicet.gov.ar/